“La abogada Sánchez mintió y los periodistas violaron el derecho a la intimidad”
Luego de entrevista radial de la abogada Manuel Sánchez, patrocinante del matrimonio Luis Máximo Planes y Ana María Sposito, como de Luis Alberto Grisolia, tres de los cuatro “participes necesarios” (el restante es Augusto Casullo, presidente del Club Deportivo Chascomús) en la causa por “defraudación por administración fraudulenta” contra María Ester Arrix, por la cual están procesados e inhibidos junto al signado como “autor responsable”, el contador y tesorero albiceleste Alberto Martín David, la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja decidió a aclarar algunas cuestiones.
Es que en la nota brindada la semana pasada por Sánchez en LIBRES DEL SUR FM 90.1 con los colegas Ruben Martínez y Leandro Solferino (https://grupotiempodigital.com.ar/?p=27042), la titular de la UFI 9 de Chascomús tuvo que desmentir algunos dichos de la letrada, como marcar la “violación del derecho a la intimidad” por parte de los periodistas en cuestión.
En diálogo con EL SUPLENTE, Bertoletti puntualizó que “nunca se difundió desde la fiscalía información alguna sobre esta causa entre privados, por lo que todo lo que trascendió es responsabilidad de las partes” y aclaró que en la UFI 9 “se cumplen con los protocolos de sanidad que exige la Procuración y la Corte”.
Luego, la fiscal interviniente en esta supuesta estafa que rondaría los 6 millones de dólares prosiguió: “En pandemia, el 80% de las audiencias se realiza de manera telemática, por las plataformas Zoom, Meet o WhatsApp. Y es lo que se le ofreció a la abogada Sánchez, que dijo que sus defendidos no podían hacerlo así, que no tenían los medios ni nadie que los ayude, por lo que ella optó que Planes y Sposito, que son mayores de 75 años, concurrieran para declarar de forma presencial”.
En cuanto a los dichos de la abogada, Bertoletti entendió que “la defensa busca generar empatía social por un presunto descrédito que no fue generado por esta fiscalía, ya que toda la información de la causa, como ya dije, se hizo pública por las partes. Respecto de la señora Sposito se le extrajeron fichas dactilares cumpliendo con los protocolos sanitarios, porque era la única coimputada que no había cumplido la diligencia, que resulta indispensable incluso para tratar la resolución de prescripción”.
En cuanto a las audiencias 308, donde los procesados realizaron su primera defensa, destacándose que los “participes necesarios” no hicieron declaración alguna y David presentó un escrito sin responder preguntas hasta que se resuelva el pedido de prescripción, la titular de la UFI 9 señaló:
“Los imputados estuvieron tranquilos, respetuosos. Nadie se opuso a venir, aunque obviamente no querían prestar declaración, pero no por el COVID, por una cuestión de dilatar. Nosotros cumplimos con el código, no amenazamos a nadie, y la defensa brega por la prescripción de la causa, por el paso del tiempo, no por demostrar la inocencia de los procesados”.
Además, la fiscal fue contundente con la labor de los periodistas Martínez y Solferino en la entrevista con la abogada Sánchez: “Introdujeron cuestiones ajenas a mi función, afirmando supuestas enfermedades de mi progenitora en clara violación a su derecho a la intimidad, además de cuestiones relativas a la vida familiar de la secretaria de la fiscalía a mi cargo, con lo cual no merece análisis ni respuesta”.
Y, respecto de ciertas suspicacias sembradas por los entrevistadores, Bertoletti prosiguió: “Luego de 25 años trabajando en la justicia es lógico que conozca a jueces, fiscales y defensores, como sucede con todos los operadores judiciales, lo que en nada influye en las resoluciones que se dicten”.
Finalmente, respecto de la continuidad de la causa, la fiscal informó: “La semana pasada la jueza de Garantías Fernanda Hatchman solicitó el expediente. Tendría cinco días para definir primero si hay prescripción o no, lo cual puede hacer porque la Cámara de Apelaciones y Garantías no hizo lugar a la recusación planteada sobre ella por parte de la abogada Sánchez, lo mismo que con el pedido de nulidad del llamado 308 (las audiencias recientes, programadas originalmente para agosto). Luego que resuelva el magistrado, veremos cómo sigue todo. De no haber prescripción, los imputados pueden seguir defendiéndose y tengo un plazo de 10 meses para requerir o no la elevación de la causa a juicio”.